Pobre democracia

La semana pasada se publicó la controvertida Ley de Seguridad Interior. Horas antes de la publicación, durante la 43 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Presidente afirmó: “Soy consciente de que este ordenamiento, que habré de promulgar esta tarde, es especialmente sensible para la vida pública del país. Por eso no emitiré declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley, hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”. Y luego agregó, “Ello no significa que dejará de haber intervención de la Federación en materia de seguridad pública, en auxilio de los estados que hoy lo necesitan”. (Nótese que no habló de “seguridad interior” sino de seguridad pública.) Será pues la SCJN quien decida sobre la Ley. ¿Y mientras?

En realidad, la decisión de no emitir declaratorias no dice mucho, pues la mayor parte de la Ley no requiere de la declaratoria del Presidente para ponerse en marcha. Varios artículos señalan acciones por parte de las fuerzas federales, incluido el Ejército, que son permanentes. El artículo 26, por ejemplo, dice: “Las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la Seguridad Interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, pudiendo suscribirse los convenios que en su caso requieran”. Es decir, la Ley está en marcha, independientemente de lo que haga o deje de hacer el Presidente. ¿Cuáles son las acciones que no requieren declaratoria? La ley no es clara y de arranque ya vemos disiparse la supuesta certeza, los límites y controles que se iban a brindar. Seguimos en el país de la intervenciones militares sin controles claros, pero ahora bajo el manto de secrecía y opacidad que creó la Ley.

El Presidente también afirmó que el despliegue militar continuará mientras sea “necesario”. Nada indica que dejará de serlo pronto porque el gobierno ha hecho, y continúa haciendo, lo opuesto de lo que se necesita para poder regresar al Ejército a sus cuarteles. El fortalecimiento y reconstrucción de las instituciones civiles quedó en el cajón, como también quedaron ahí los esfuerzos por combatir la impunidad. Es además previsible que la facilidad para echar mano de la “ayuda” federal (militar) desincentive esfuerzos de construcción de instituciones civiles a nivel local.

En un nuevo capítulo de ocurrencias que trastocan el orden constitucional, el PRI se ha embarcado en otro proyecto: la desaparición de todas las policías municipales. Su propuesta es hacer una consulta popular durante las elecciones de 2018 con la siguiente pregunta: “¿Está de acuerdo en que nuestro país tenga 32 policías profesionales, una por cada estado, en lugar de las más de mil 800 policías municipales que, de acuerdo con distintos estudios, están mal capacitadas, mal equipadas y mal coordinadas?”. Una consulta maniquea y tramposa para poner otro parche mientras posterga el análisis e implementación de las políticas complejas y de largo aliento que el país necesita. No importa que se transgreda el pacto federal o se quebrante el orden constitucional, no importa siquiera que pueda tener resultados perjudiciales en diversas partes del país donde las policías municipales sí funcionan. Lo que parece importante es aparentar que se hace algo, pero sin subsanar las deficiencias que explican los problemas.

Las formas y el fondo exhibidos durante la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, como la propuesta de consulta sobre el Mando Único, muestran la pobreza de nuestra democracia. Una revestida de formalismos en la que la función del parlamento se reduce a contabilizar votos, que facilita y premia los acuerdos en privados sin deliberación pública. Una democracia que no logra vincular ciudadanía y gobierno, sino que reduce la voluntad popular y la participación ciudadana a su versión más superficial. Una democracia pobre, al fin.

División de Estudios Jurídicos, CIDE.
@cataperezcorrea