Seis de cada diez empresas en México (64.6%) considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites ; en 39.4% se señala que dichos actos se generan para evitar multas o sanciones y en 30.7% se originan por la obtención de licencias o permisos, revelaron los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), que por primera vez lleva a cabo el Inegi.

Por lo que se refiere al marco regulatorio, una de cada cinco empresas (20.2%) señaló que el marco regulatorio (es decir, aquellas normas, trámites, solicitudes e inspecciones para los establecimientos según su actividad), representó un obstáculo para el logro de sus objetivos de negocios.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta, los costos monetarios de cumplimiento de las regulaciones en 2016 se estimaron en 115.7 mil millones de pesos, que representan 0.56% del PIB nacional.

En promedio, en cada empresa del sector privado se gastaron 48 mil 871 pesos por cargas administrativas y en la mitad de las unidades económicas (50.9 %) se consideró que las cargas administrativas a las que estuvieron sujetas en 2016 fueron mayores o siguieron igual de pesadas en relación con las de 2015.

Con relación al cumplimiento de contratos, en 77.7% de las unidades económicas se consideró que la celebración de contratos o acuerdos con otras empresas o negocios se da en un ambiente de confianza y en 9.2% se señaló haber tenido problemas de cobranza o de cumplimiento de compromisos.

De las unidades económicas pequeñas, medianas o grandes en que se acudió ante autoridades jurisdiccionales durante 2016, en 61.5% se señaló que los procesos abiertos fueron imparciales.

Sobre la evaluación de servicios públicos básicos y de infraestructura, un 82.7% de los propietarios de unidades económicas señalaron que las calles y avenidas de su municipio o delegación están libres de vendedores ambulantes; 75.6% refieren que están en mal estado, y 76% dijeron que son inseguras.

Durante 2016, en 90.2% de las unidades económicas no fue necesario contratar servicios de seguridad privada.

Del total de unidades económicas que hicieron uso del servicio de energía eléctrica en sus operaciones, en 81% no se experimentaron pérdidas por deficiencias en este servicio y en poco más de la mitad (58.7%) se consideró que este servicio no tiene tarifas accesibles.

El servicio de infraestructura con mayor nivel de satisfacción fueron los aeropuertos con 68.1%, seguido de correos (Mexpost) con 64.7%.

Sobre la experiencias con trámites, pagos y solicitudes de servicios, durante 2016, se realizaron 76.5 millones de trámites, pagos o solicitudes de servicios ante autoridades municipales, estatales o federales. Es decir, un promedio anual de 19.5 trámites por unidad económica.

Los trámites por los que tuvieron la necesidad de acudir a instalaciones de gobierno fueron: inicio o seguimiento a averiguaciones previas o carpetas de investigación (96.8%), conexión al sistema de aguas local (95.7%) y apertura de establecimiento (94.9% de los casos).

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