Espionaje telefónico carece de regulación en México

Medidas para reservar datos comprometen la seguridad de los usuarios, advierten
25/06/2015
10:06
Ciudad de México
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El espionaje telefónico en México no está debidamente regulado y con la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cualquier autoridad puede solicitar información como llamadas, mensajes de texto (SMS) y ubicación de los usuarios de telefonía móvil.

Esta situación preocupa a las empresas del rubro como Telcel, Telefónica México (Movistar), Iusacell y Nextel, así como a organizaciones de la sociedad civil, ya que no confían en las autoridades.

“Consideramos que es necesario que se enlisten todas y cada una de las instancias de seguridad a las que hace referencia el artículo 189, con la finalidad de brindar certeza jurídica”, indicó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Gabriel Székely, director de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), que representa a las cuatro empresas telefónicas que operan en el país.

Luis Fernando García, director de la Red en Defensa por los Derechos Digitales (r3d), aseguró que las medidas de almacenamiento de datos y geolocalización, lejos de ayudar a la mejora en la seguridad de los usuarios, la comprometen, pues no es raro encontrar a corporaciones de seguridad y policiacas como parte de la comisión de delitos contra la ciudadanía, como el espionaje.

“Especialmente, en el contexto que vivimos en México donde la diferencia entre autoridades y miembros de la delincuencia organizada es prácticamente inexistente, es totalmente riesgoso dar esas facultades tan amplias sin controles, claridad, ni detalles a autoridades que no conocemos para llevar a cabo estas medidas que invaden la privacidad”, señaló García.

 

Proponen dar parte a clientes

Por su parte, Clara Luz Álvarez, abogada y académica de la Universidad Panamericana, solicitó al IFT que los lineamientos en los que trabaja en materia de colaboración con la justicia incluyan un informe al usuario sobre el acceso a sus datos.

Se consultó al IFT sobre el tema y sólo se remitió a responder que trabajan en ellos para su próxima emisión.

“Como gobernado, ¿cómo puedo denunciar un abuso de autoridad de una autoridad designada por haber ordenado la geolocalización o la entrega de mis datos de comunicación si no existe la obligación en los lineamientos de informarme? La transparencia, los derechos humanos de los gobernados y el derecho a la información, así como la posibilidad de exigir una rendición de cuentas, exige que los gobernados, después de un plazo razonable como podrían ser tres meses después de que fuimos objeto de quebranto a nuestra privacidad, tengamos derecho a saber de ello con la finalidad de poder evaluar si dicha invasión a nuestra privacidad fue legítima o no”, subrayó Álvarez.

Lo anterior, ya que si no fue legítima la invasión a la privacidad, los usuarios tendrán la oportunidad de acceder a la justicia, agregó.

 

Casos representativos

Recientemente, OHL, empresa concesionaria de autopistas de peaje, se vio involucrada en un escándalo después de que se dieran a conocer llamadas telefónicas entre sus directivos y autoridades del Estado de México, en lo que se considera un fraude, pues la empresa infló tarifas de peaje que reportó a las autoridades y pagó las vacaciones de un funcionario público. Poco después, se divulgó una llamada donde Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), se expresa sobre los indígenas de Ayotzinapa de forma “desafortunada”, como él lo indicó.

Mucho antes de estos acontecimientos, en 2012, Joaquín Vargas, presidente de MVS, dio a conocer unas conversaciones realizadas a través de mensajes de texto que mantuvo con el senador panista Javier Lozano, las cuales negó fueran espionaje, pues las tomó de su teléfono celular.

Hasta el momento, no se ha penalizado el uso de las llamadas y mensajes anteriormente mencionados. 

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