Los operadores de telecomunicaciones no pueden sustituir a las autoridades de seguridad y realizar sus tareas, dijo Gabriel Székely, presidente de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) durante el Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones 2015.

"Los operadores de redes móviles no pueden ser y no serán los sustitutos de las autoridades de seguridad y de las tareas que ellos deben de llevar a cabo", subrayó el representante de Telcel, Telefónica México, Iusacell y Nextel.

Asimismo, hizo un llamado al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pues lo consideró como el medio de interacción entre las empresas y las autoridades de seguridad en el país.

"Hay que cuidar y proteger los derechos de los usuarios", destacó.

Por su parte, José Cervantes, director de regulación y relación con operadores de América Móvil para Centroamérica, coincidió en que el tema de la seguridad es un tema de Estado.

"Cualquier ley que pretenda trasladar la responsabilidad a las empresas es anticonstitucional", señaló.

Sin embargo, dijo que están dispuestos a colaborar con la justicia.

En tanto, Mario Fromow, comisionado del IFT, dijo que han tenido un diálogo abierto, muy cercano con los operadores y con las autoridades e incluso realizaron una consulta pública sobre los lineamientos de colaboración con la justicia, lo cuales están "terminando de definir".

Al ser cuestionado sobre si la ley viola los derechos fundamentales de los ciudadanos en cuanto al almacenamiento de los mismos y la geolocalización, Fromow respondió que "si violentan o no los derechos humanos no le corresponde al instituto".

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