CCE advierte riesgos pese a la austeridad

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El endeudamiento del país puede incrementarse en 30 mil millones de dólares porque los ahorros no alcanzaron para cubrir el gasto no programable, sobre todo por el costo de la deuda y el pago de pensiones, entre otras transferencias, aseguró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.

Dijo que el incremento de la deuda pública llegará “a límites apenas aceptables para las calificadoras internacionales”, al esperarse que concluya el año en un monto comparable a 52.5% del PIB, dos puntos más que 50.5% en que se espera termine en 2016.

“Es importante que el incremento de la deuda se detenga a través de ahorros significativos en el gasto para poder cumplir con el pago de intereses, de tal forma que las variables macroeconómicas protejan la principal variable, que es la inflación”, advirtió.

Castañón consideró que los ahorros que hizo el gobierno fueron insuficientes para compensar el aumento del gasto no programable, el cual subirá en 144 mil millones de pesos, lo que significa que el recorte no será de 239 mil millones de pesos.

Dijo que al sector privado le preocupa que haya recortes a la infraestructura, pero confió en que la posibilidad de que haya Asociaciones Público-Privadas permitirá crecer las inversiones en el sector energético, puertos y carreteras, entre otros.

Es un buen momento para que se estudie si sería necesario que se reduzca el número de curules en la Cámara de Diputados y que se hagan otros ajustes en los poderes Legislativo y Judicial que no se consideraron en el paquete económico para 2017 entregado este jueves al Congreso, expuso.

Esto significa que el Legislativo debe revisar qué otros ajustes se podrían hacer al presupuesto, sobre todo en programas que son ineficientes y concretar los cambios que lleven a un verdadero presupuesto base cero, como se anunció en años pasados.

Para el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Enrique Guillén, aunque “se trata de una propuesta realista que va en la dirección correcta y es congruente con la actual situación del país” es muy importante que no se impacte el gasto en inversión en infraestructura prioritaria.

Agregó que no deben afectarse proyectos “detonadores de la economía o que tienen rentabilidad social”.

Guillén indicó que les preocupa que la disposición del IVA en periodos preoperativos se recuperará hasta que inicien actividades las empresas, es decir, el gobierno cobrará el impuesto, pero las firmas no podrán pedir devolución, con excepción de las extractivas, lo que inhibirá la inversión.

Preocupa a constructores. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) manifestó su preocupación por los recortes a la inversión en obra pública planteados en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, en lugar de hacer ajustes en gasto corriente.

“Lamentamos que nuevamente se planteen reducciones de recursos destinados a la obra pública, 27% en términos reales con relación al presupuesto aprobado para 2016, lo que reduce las expectativas de desarrollo, crecimiento del sector y, sobre todo, la creación de empleo”, indicó Gustavo Arballo, presidente de la CMIC.

La cámara agregó que los constructores seguirán impulsando esquemas innovadores para realizar obras a través de Asociaciones Público-Privadas o aprovechando los instrumentos financieros como las FIBRAS.

Asimismo, solicitaron a Hacienda implementar una serie de medidas de carácter fiscal que estimule y promueva la inversión privada en el desarrollo de infraestructura, para compensar la caída que la inversión pública ha observado en los últimos años.

El paquete económico presentado ayer al Congreso contempla una baja de 30% en términos reales a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cabeza de sector de la obra pública y de infraestructura en el país.