Las sociedades financieras populares buscan lograr cambios entre los senadores de la llamada “Ley Ficrea”. Si bien estas organizaciones aseguran que una nueva legislación favorecerá la operación de su sector, hay algunos aspectos, principalmente en los límites a la captación de ahorro, que podrán afectar su operación.

Esta ley establece un tope de 2 millones de pesos para personas físicas y de 7. 5 millones de pesos para personas morales.

Guillermo Colín, presidente de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo), asegura que en términos generales respaldan la iniciativa, que se mantiene en el Senado a la espera de la nueva Legislatura para su eventual aprobación y en consecuencia, darle la vuelta al caso Ficrea.

“Es un caso particular, hay que hablarlo. Obviamente repercutió en la reputación del sector pero poco a poco ha regresado la confianza. Ahora lo que queremos es mantener nuestro papel como intermediarios financieros, captando recursos y colocándolos donde se necesite”, dijo.

Ante esto, las financieras populares respaldan la posibilidad de que el fondo de protección de ahorradores de este tipo de empresas quede respaldado por el Instituto de Protección para el Ahorro Bancario (IPAB); no obstante, proponen algunos artículos transitorios para que la adopción de la nueva Legislatura no afecte su operación.

“Hacer cambios en este sector no es tan fácil. Requiere de hacer pruebas, documentarlas y dejarlas operando muy bien. Estos procesos se llevan hasta seis meses o un año”, dijo Colín.

Hasta el momento, asegura que la operación de las sociedades financieras populares ha tenido muy pocas afectaciones en el ejercicio o pérdida de clientes a siete meses que se conociera el caso en Ficrea.

“Cuando vino el tema no nos afectó tanto. La verdad es que no nos pasó nada y cuando vino la discusión de la ley se polarizó tanto, sobre todo por llamarle la ‘Ley Ficrea’ que es algo que propusimos que se le quitara. La ley tiene cosas positivas y otras perfectibles que estamos discutiendo y planteando con las autoridades porque el objetivo es consolidarnos. Somos partidarios de la regulación ya que nos fortalece para recuperar la confianza”, comentó.

Parte de este proceso, añadió, es la reciente emisión bursátil de la sociedad financiera popular CAME, por 200 millones de pesos en deuda, la cual se trata de la primera operación de este tipo para una empresa de este sector.

“El caso de que haya gente que salga y compre 200 millones de la colocación y exista la posibilidad de llegar a mil millones, lo que indica es que se está recuperando la confianza en el mercado”, finalizó.

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