Hoy la reforma constitucional cumple dos años de su entrada en vigor y en un mes se cumplirá un año de la puesta en marcha de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; sin embargo, analistas perciben pocos avances para empresas y usuarios en el corto plazo.

Este lento progreso del sector se debe a la coyuntura electoral, a la situación económica nacional y global, a la creación y puesta en marcha de un nuevo regulador: el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), además de que este tipo de reformas estructurales no dan resultados en el corto plazo, opinaron analistas.

“Para los usuarios los resultados de la reforma y de la ley no serán inmediatos, son todavía una factura por cobrar”, aseguró Ramiro Tovar, analista en telecomunicaciones.

El bajo impacto de los cambios en este sector, también se debe a que la ley tuvo la particularidad de contar con plazos de cumplimiento muy cortos y con un nuevo regulador, dijo Luis Rubio, abogado socio de la firma Jones Day.

En tanto, Aleida Calleja, coordinadora de Advocacy del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), precisó que la ley fragmenta las facultades para poner en orden al sector, pues “no te permite generar una política pública coherente”.

Por otra parte, hay temas pendientes como el uso del espectro radioeléctrico que prometía mejor calidad y mayor velocidad en el servicio de internet y aun no es liberado, ya sea porque la licitación se lanzó tarde al mercado —en el caso de la banda de 700 MHz— o porque el espectro sigue en desuso, como lo aseguraba la SCT en 2012 cuando decidió rescatar la banda de 2.5 GH, frecuencia que se encuentra en periodo de consulta pública y en desuso.

Los servicios de telefonía fija sufren la misma situación al ser poca la oferta, así lo confirma la Encuesta Trimestral a usuarios de Telecomunicaciones, realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la cual arrojó que una cuarta parte de los encuestados indicó que seleccionó a la empresa que le ofrece telefonía fija pues era la única que existe en su región.

En radiodifusión, la regulación permitió que los suscriptores de TV de paga tuvieran acceso a todos los canales de televisión abierta, gracias a la implementación del must carry y must offer, sin embargo, en dos años los contenidos de televisión abierta y televisión de paga no han mejorado y la nueva oferta, que ahora queda en manos de una sola empresa —Cadena Tres- después de que Grupo Radio Centro no pagara la contraprestación correspondiente; la veremos en tres años, según analistas.

Para Gabriel Sosa Plata, experto en radiodifusión, se quedó “a medias” la expectativa que la reforma y la ley crearon sobre televisión.

“Los cambios han sido mínimos, es cierto que tenemos una nueva cadena de televisión, Cadena Tres, de la familia Vázquez Aldir, pero quedó a la mitad la expectativa, pensamos que íbamos a tener dos competidores a nivel nacional y nos quedamos con uno que ya conocíamos porque ya estaba en el mercado”, mencionó.

En materia de contenidos, no se cuentan con lineamientos para la defensoría de las audiencias, lo que fue calificado como grave por Sosa Plata, ya que están en “tierra de nadie” y por otra parte, la Secretaría de Gobernación (Segob) no ha publicado los lineamientos en materia de contenidos, generando un vacío regulatorio.

En cuanto al apagón analógico que debe concluirse el 31 de diciembre de 2015, el gobierno a través de la SCT y con un padrón de Sedesol, regala televisiones en estados donde hubo elecciones el pasado 7 de junio, generando dudas de la transparencia de este programa.

Y, a la fecha, la SCT solo ha entregado 3 millones de televisiones digitales de los 10 millones que planea regalar antes de que acabe el año.

“El gobierno federal ha sido el más omiso de todos, porque no ha acatado plazos fatales, no ha dado explicación de porqué no ha cumplido lo que la Ley determina”, dijo Aleida Calleja.

Consumidores a la espera

Los avances para los usuarios, derivados de la reforma constitucional y la Ley en telecomunicaciones, han sido con claroscuros, dijo Aleida Calleja, coordinadora de Observacom.

“Los avances en materia de telefonía fueron los más claros, en larga distancia, por ejemplo; sin embargo, en el resto, que son los problemas estructurales del sector, es donde no hemos visto grandes avances”, subrayó Calleja.

A la fecha, no se cuenta con claridad sobre los derechos de las audiencias, sobre la publicidad para la niñez, no se tienen los lineamientos para transitar de permisos a concesiones sociales o públicas, no hay lineamientos de qué se les va a exigir a los medios públicos y tampoco hay claridad en términos de competencia, subrayó la coordinadora de Observacom.

“Lo que es sustantivo de la Ley, de la reforma, no tenemos nada”, aseguró.

Otro de los temas sensibles que no se han analizado y que forman parte de la Ley es la vigilancia en cuanto a intervención de comunicaciones o localización en tiempo real, sobre el cual no se han publicado lineamientos.

“Es un tema súper sensible, uno de los más sensibles que tenemos por lo que abarca en términos de derechos humanos”, señaló Calleja.

Por su parte, Jorge Fernando Negrete, director de MediaTelecom Policy and Law, dijo que se han percibido cambios en estos dos años, sobre todo en el escenario estratégico de las empresas pues en telefonía móvil, México cuenta con tres “jugadores de clase mundial”.

Además, para Negrete ni la reforma ni la ley fomentaron la inversión en zonas rurales.

“Si se ponían camisas de fuerza al sector, lo que se iba a hacer era inhibir la inversión en áreas sociales, la parte negativa de la Ley y de la reforma es que no se ha invertido en estos últimos años en áreas rurales”, subrayó.

Esto se traduce, de acuerdo con el director de MediaTelecom Policy and Law, en 50 millones de usuarios desconectados en el país, ya que las estadísticas tanto de internet como de telefonía móvil nos indican que hay sólo 87 dispositivos móviles por cada 100 habitantes de los cuales 50% son usuarios únicos, y en internet la penetración se ubica por arriba de 50%.

En tanto, Mario Fromow, comisionado del IFT, señaló que para el Instituto es importante que la reforma constitucional, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y las disposiciones administrativas que han emitido se reflejen en beneficio para los usuarios.

“Sobretodo en aquellos lugares en donde el servicio no estaba, es decir, ampliar la cobertura de los servicios es importante, estamos comprometidos con esto y sabemos que mientras los usuarios y las audiencias no reconozcan esto, en nuestra labor quedan muchas cuestiones que se tienen que hacer”, reconoció el comisionado.

Aunque hubo una baja en tarifas de algunos servicios de telecomunicaciones, no fue en todos ni en el grado esperado, pero el regulador trabaja en ello, agregó Fromow.

Resultados en el mediano plazo

Analistas explicaron que la reforma planteaba una modificación de la estructura de mercado, la cual no se dará en el corto plazo.

“No era la cobertura, no era una mayor penetración o un cambio tecnológico, el objetivo principal de la reforma era modificar la presencia de los actuales competidores en su tamaño y la apertura a nuevos competidores”, dijo Ramiro Tovar, analista en telecomunicaciones.

Y el resultado, al respecto, ha sido nulo, pues la estructura de mercado en estos dos años se ha modificado marginalmente, precisó Tovar.

Por su parte, Luis Rubio, abogado socio de la firma Jones Day, dijo que los cambios en el mercado son cuestión de tiempo.

“Si esperábamos ver una implementación en dos años era demasiado ambicioso para el mercado, no es fácil cambiar un régimen de tantos años en un plazo tan corto”, indicó.

De acuerdo con Rubio, no llegarán nuevos competidores y la competencia se dará entre las empresas existentes, pero no se verá en el corto plazo pues los cambios estructurales llevan tiempo ya que no son cambios cosméticos.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses