Mientras el sector privado dijo que todavía hace falta mucho por hacer para reducir la tramitología, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseveró que la carga administrativa de la regulación se redujo de 4.2% del PIB en enero de 2013 a 3.4% en abril de 2015.

La simplificación de trámites y regulaciones por parte del gobierno federal en el sexenio significará una reducción de costos de 183 mil millones de pesos, meta que tiene un avance de entre 70% y 75%, explicaron ayer Guajardo y el director general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), Mario Emilio Gutiérrez Caballero.

No obstante, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, expuso que el trabajo de disminuir la regulación y hacerla más eficiente “es todavía vasto” y sobre todo de “carácter crítico” para México, en particular por las necesidades derivadas de las reformas.

“La mala regulación está asociada a la ineficiencia de las instituciones públicas, lo que provoca retrasos en la atención a los negocios, mayores costos y favorece el entorno para el crecimiento del sector informal; marcos regulatorios inadecuados o débiles permiten abusos, corrupción y desalienta la confianza de inversionistas y consumidores”, aseveró en su discurso.

Añadió que al sector privado le preocupan dos anteproyectos del sector energético; por un lado, el que regulará el mercado eléctrico, y por el otro, Términos y condiciones generales para las ventas de primera mano del gas natural.

En lo que respecta al mercado eléctrico mayorista el sector privado, cuestiona varios puntos de la regulación propuesta, los cuales, “de prosperar, inhibirían drásticamente la capacidad de desarrollar proyectos en forma competitiva”.

La meta es llegar a 3.1% en el sexenio, dijo el titular de la Cofemer, lo que significa que ya hay un gran avance y que solamente falta 25% para alcanzar el objetivo.

Guajardo aseveró que alcanzar dicho porcentaje significará la mejora de mil 718 trámites, la simplificación de tres mil 363 acciones y la liberación de 183 mil millones de pesos de costos innecesarios.

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