Es difícil conocer con certeza la magnitud de la crisis económica y social venezolana, pues el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Venezuela dejaron de publicar información desde 2015. Sin embargo, en las estimaciones del Fondo Monetario Internacional para el 2018 el PIB caerá en -18%, continuará la disminución en la producción petrolera, se incrementará el déficit fiscal y la hiperinflación acumulada podría llegar a 1 millón por ciento.

El pasado viernes el presidente de Venezuela Nicolás Maduro anunció la implementación del Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad (PRECP), a partir del 20 de agosto, y el inicio de “una nueva historia de la vida económica de Venezuela”. Las medidas del PRECP incluyen: (1) un nuevo conjunto de monedas circulantes; (2) la implementación de dos unidades contables: el bolívar soberano, equivalente a 100 mil viejos bolívares, y el petro, equivalente al precio del barril en dólares y 3 mil 600 bolívares soberanos; (3) un nuevo sistema salarial y nuevo sistema de precios anclados al petro; (4) un salario mínimo de mil 800 bolívares soberanos; (5) un nuevo subsidio directo de la gasolina a las familias venezolanas y al transporte nacional, impulsado por (6) la conclusión del censo nacional de transporte; (7) una meta de déficit fiscal cero; (8) un incremento al 16% del IVA a bienes suntuarios; y (9) un solo tipo de cambio fluctuante anclado al petro. De acuerdo con el mandatario, se trata de una “transición tardía hacia un nuevo modelo económico”, que marcará el nacimiento de una “nueva Venezuela”.

El PRECP estará más orientado al control de problemas cambiarios, monetarios y comerciales, entendidos por el Ejecutivo como embates externos, que a problemas estructurales internos. Pero el tema del desabasto de productos primarios y la escasez no es un problema comercial, sino productivo. La cuestión ausente en el PRECP es: cómo fomentar la inversión, la producción y el crecimiento con una economía altamente endeudada, sin ahorro ni suficiente captación tributaria y sin acceso a crédito internacional.

Es cierto que la crisis venezolana fue agravada externamente por un bloqueo económico que limitó el flujo de mercancías de primera necesidad, cerró el acceso a fuentes financiamiento internacional, manipuló el tipo de cambio paralelo a través de mercados secundarios e indujo una elevación de precios vía especulación mercantil. Pero Venezuela tiene, desde 2010, un problema de déficit público provocado por la baja carga fiscal, creciente gasto social no productivo y una deuda pública equivalente a 161% de su PIB estimado para 2018. Las finanzas nacionales están centradas en la “salud” de la paraestatal petrolera, PDVSA, sobre la cual se carga cerca de 40% de los ingresos fiscales y 90% del ingreso de divisas. Bajas en sus exportaciones, como sucede desde 2016, generan una contracción de la producción industrial y agrícola y una caída del ingreso.

El éxito del PRECP, o de cualquier política de contención de crisis y recuperación económica en Venezuela, dependerá en cuánto reactive la producción interna y la economía real, no sólo el mercado y los mecanismos de cambio internos y externos. La hiperinflación es el síntoma, no la enfermedad. En la medida en que esta valoración no se lleve a cabo, las medidas implementadas no podrán sino empeorar la crisis venezolana.


Investigador del Observatorio Económico de América Latina del IIEC-UNAM
negrete.f.armando@gmail.com

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