La familia en la batalla electoral

El proceso electoral abre múltiples interrogantes sobre de las posiciones que adoptarán los actores políticos en los temas tocantes a las costuras del tejido social. El derecho familiar, pese a ocupar un lugar preponderante en la vida de los ciudadanos, no suele recibir el protagonismo que merece en las plataformas de campaña ni en los eufemísticos “proyectos de nación”.

En la Ciudad de México, a partir de 2000, los gobiernos de izquierda integraron una legislación familiar con miras a modernizar la normativa ante la diversificación de las relaciones humanas, así como gestionar la ampliación de derechos para ciertos sectores minoritarios de la población.

Las iniciativas que se han discutido con mayor ahínco son las relativas al matrimonio. Una de las más relevantes fue la que elevó a 18 años la edad mínima para contraerlo, tratando con ello de evitar la intromisión de terceros en la decisión de las parejas, mismas que serían, desde la perspectiva jurídica, enteramente dueñas de sus actos. Otra, que marcó un avance significativo hacia el igualitarismo, fue la reglamentación de las uniones entre personas del mismo sexo, primero a través de la figura alternativa de la sociedad de convivencia que, si bien concedía prácticamente las mismas prerrogativas y obligaciones que un contrato matrimonial, era vista con recelo al haberse creado ex profeso para la comunidad LGBTTTI. Por ende, en una segunda etapa se eliminó esta distinción y se le designó bajo el nombre unitario de “matrimonio”, reconociendo con ello la garantía del libre ejercicio de la sexualidad. No menos relevante fue la equiparación de los derechos reconocidos por el matrimonio y el concubinato, como lo fueron la capacidad para heredar, así como para demandar pensiones alimenticias y compensaciones económicas por el tiempo que duró el vínculo en caso de que este se disuelva.

Uno de los temas que mayor debate suscitó, dentro y fuera de la Asamblea, fue el de la adopción homoparental. Si bien la normativa no contemplaba una prohibición explícita, el hecho de que se reconociera abiertamente esta posibilidad coadyuvó a que la ciudadanía se informara al respecto y desafiara los paradigmas morales.

Dos tópicos tienen como eje la identidad. El primero es el de la reasignación sexo genérica, es decir, la vía mediante la cual las personas transgénero pueden modificar sus documentos para que exista concordancia en sus datos. En principio, los interesados debían iniciar un juicio para comprobar que se habían sometido a un tratamiento médico, sin embargo, las comisiones dedicadas a la atención de grupos vulnerables argumentaron que el procedimiento, además de costoso, atentaba contra la dignidad de los actores; a raíz de ello se creó un trámite simplificado en el que basta con la presencia del solicitante en el registro civil para que se proceda a llevar a cabo los cambios en las actas correspondientes. El otro caso generado como tentativa para combatir la discriminación es la nueva potestad de las parejas para elegir el orden de los apellidos de sus hijos. Si bien ambas conquistas tienden a la protección de los derechos humanos, todavía quedan muchos detalles por pulir para evitar que el ánimo reformista facilite la comisión de delitos.

En este periodo de modernización legislativa en materia familiar también se tomaron decisiones tendientes a la reducción de la violencia, como la posibilidad que tienen los cónyuges de denunciar las agresiones sexuales que se cometan en el nicho marital. Igualmente se habilitó el divorcio encausado, mediante el cual la pareja puede disolverse por iniciativa de uno de sus integrantes, sin que éste tenga la obligación de acreditar alguna causal. Con ello se logró reducir la carga de trabajo en los tribunales, se previnieron conflictos y se facilitó la adaptación de los integrantes de la familia a sus nuevas circunstancias. En el mismo sentido se generaron controles más estrictos para la vigilancia de los pagos de pensiones alimenticias.

Aun con sus lagunas, las leyes progresistas que se dictaron en la capital durante casi dos décadas dejan como saldo una ciudad más ágil e incluyente. Dicho lo anterior, debemos permanecer atentos a las propuestas de los aspirantes a la jefatura de gobierno en lo concerniente al derecho de familia, sobre todo en los aspectos que requieren regulación urgente, como lo son la maternidad subrogada y la situación de las familias reconstituidas.

La realidad, vertiginosa y contingente, plantea escenarios cada vez más complejos en los que nuestros instrumentos jurídicos parecieran insuficientes, sin embargo, el esfuerzo por ajustar las normas al presente es una contribución invaluable al ensanchamiento de la justicia.