Miedo a perder el control de la fiscalía

¿Por qué tanta reticencia en independizar al Fiscal General? ¿realmente es un tema que se atora por la ley o la Constitución? o ¿qué trasfondo tiene? Mire usted: Los procuradores de justicia y que ahora se le llamarán fiscales generales, en México es un operador de justicia importante y se encarga de la persecución de los delitos, es la primera autoridad que atiende a la víctima y tiene la obligación de protegerla de manera integral. De ahí que, nos preguntamos ¿por qué no quieren que el fiscal sea independiente en todo su actuar? Y ¿quién no quiere? pues el propio Estado, el propio gobierno, presidente y gobernadores, son los que hasta la fecha tienen facultades para nombrarlo.

Son ellos, los que a capa y espada no quieren que se los quiten, porque, aparte de tenerlos para investigar el delito, los utilizan a conveniencia para investigar a sus enemigos políticos y pues ¿cómo perder ese privilegio? no señor, no hay que permitir eso, comentan; más bien están acostumbrados a tener esa canonjía y tienen miedo perder el control de la fiscalía, éstas les garantizan, inmunidad, alienta corrupción y genera impunidad.

En el informe Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 5 de diciembre de 2013, punto 35, señala, que en los estados parte, las fiscalías o ministerios públicos, son designados bajo diferentes formas; unos pertenecen al poder judicial, otros están adheridos a los órganos legislativos, otros funcionan de manera independiente, en ocasiones pertenecen a un poder pero con una ley que les garantiza independencia; en fin, varias maneras de cómo está ubicado e integrado el ministerio público o fiscalías.

La Comisión ha dicho que esta institución debe ser autónoma e independiente en su actuar, para la persecución de los delitos; lo anterior, es importante. Lo mismo ha opinado la Relatoría de la ONU, véase lo dicho por la Corte IDH. En el caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Párr. 132 y 133. Pues bien, lo que sí es claro, que una fiscalía tiene que estar dotada de autonomía e independencia, para que sea eficaz.

México, optó porque sus fiscales, estuvieran integrados al poder ejecutivo, ese, no sería el problema, o más bien, no debiera ser síntoma de error, pero actualmente sí lo es, porque, los ejecutivos han utilizado a esta institución como brazo ejecutor, desviándola de sus fines constitucionales.

El Ministerio Público como está constituido, se ha vuelto ineficaz, ya no investiga, lo hace a voluntad política de los ejecutivos, recibió tan solo de enero a diciembre de 2017, 1,807,846 denuncias, según, Incidencia Delictiva del Fuero Común 2017, del Centro Nacional de Información de la Secretaría de Gobernación y Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad Pública; tenemos el lugar 92 de 113 países donde los derechos fundamentales y los límites al poder gubernamental se debilitaron, según índice de estado de derecho 2017-2018 World Justice Project. El motivo es porque el poder ejecutivo la usa para fines distintos, por eso, es que en 2014 se aprueba una fiscalía autónoma e independiente al poder ejecutivo.

Ese defecto insostenible, es seguir evitando que los ejecutivos hagan uso indebido de esta institución que tanto necesita la ciudadanía, hay mucha inseguridad, un alto índice de corrupción e impunidad, que supera el 95%, el Ministerio Público brilla por su ausencia, por ello la sociedad exige que debemos tener una fiscalía independiente al ejecutivo, porque ahí está el problema, ahí está la causa de la deficiencia del investigador social, el mismo informe de la CIDH en su punto 38 ha dicho que, “la Comisión nota que la Relatoría Especial de las Naciones Unidas ha señalado la necesidad de garantizar la autonomía del Ministerio Público respecto de dicho poder, en virtud de que puede minar la confianza y credibilidad de la autoridad a la que se encomienda investigar los delitos de forma objetiva” Entonces, si sociedad, comunidad internacional y expertos, nos lo recomienda, además de estar ya en la Constitución, hagámoslo, enfrentemos los retos que nos exigen los nuevos tiempos.

El motivo por lo cual los gobernadores no quieren dar el paso a dejar de nombrar al fiscal independiente, es porque quieren asegurar inmunidad, alguien que los proteja cuando salgan su mandato, se les ve el miedo, el miedo a perder el control de las fiscalías que durante tanto tiempo ha estado para protegerlo, tarde que temprano ese cambio se dará.