Pasando la factura a México

Escribo estas líneas en medio de incertidumbre. El gobierno mexicano está negociando con el estadounidense temas migratorios para evitar la aplicación de aranceles en exportaciones mexicanas que prometió el presidente Donald Trump aplicar a partir del lunes. Todo apunta a que los negociadores estadounidenses se han aferrado en una posición muy difícil para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador: quieren un acuerdo de tercer país seguro, en que el gobierno mexicano tendría que retener a los centroamericanos que llegan a los Estados Unidos para que busquen asilo en México.

Y no estamos hablando de una cantidad de migrantes menor. El año pasado hubo 93,000 solicitantes de asilo en la frontera México-EU (unos pocos son mexicanos, que no estarían afectados, pero la gran mayoría proviene de Centroamérica y otros países). Este año el número probablemente será mucho, mucho mayor. Así que podrían ser decenas de miles de migrantes extranjeros, si no es que cientos de miles los que se deportan a México y quedan viviendo en las comunidades fronterizas mientras su caso de asilo pasa por el sistema de asilo mexicano.

Al escribir estas líneas, no sabemos el alcance de un posible acuerdo, ni qué tan amplio sería. Puede ser que nada más a afecte a los guatemaltecos (según reporta el periódico Washington Post) o sea por un periodo temporal. Tampoco sabemos si los tribunales de Estados Unidos aceptarían un acuerdo de esta naturaleza como legítimo y, lo más importante, si el gobierno mexicano, que ha dicho una y otra vez que no aceptaría un acuerdo de tercer país seguro, está dispuesto a negociar esto. Pero sabemos que el gobierno estadounidense está presionando para que se acepte.

¿Por qué es problemático un acuerdo de esta naturaleza (por amplio o acotado que sea)? En parte por razones prácticas. Las ciudades fronterizas mexicanas ya están llenas de extranjeros esperando pedir asilo en Estados Unidos (unos 18 mil, según el gobierno mexicano) o esperando su cita de asilo en Estados Unidos (otros 8 o 9 mil). Regresar decenas de miles de migrantes extranjeros a comunidades fronterizas en México podría generar problemas logísticos grandes sin una inversión mayúscula de parte del gobierno federal (o del estadounidense, si acuerdan un pago como parte del acuerdo, como lo hizo Turquía con la Unión Europea).

Pero también representa una aceptación explícita de parte del gobierno mexicano de que EU puede cargar la responsabilidad de los defectos de su propio sistema de asilo a México. En vez de que las autoridades norteamericanas se dediquen a arreglarlo, pasan la factura a México.

Actualmente toma de 2 a 3 años para que una solicitud pase por el sistema de asilo de EU. Como las leyes no permiten que el gobierno del país vecino separe a las familias, los dejan ir libres para esperar sus citas, y es obvio que muchos ni siquiera se presentan. Es una forma fácil y sin riesgos para que cualquier familia pase a vivir a EU sin problemas. Y los que realmente merecen asilo —probablemente una minoría considerable— se quedan también sin resolución de sus casos. Es un sistema que no ofrece protección a quien lo merece y, al mismo tiempo, alienta la migración indocumentada.

El gobierno de EU podría arreglar esto fácilmente. Se pueden asignar oficiales de asilo a tomar las decisiones sobre los casos en vez de enviarlos a los tribunales migratorios, para que así se resuelvan en pocas semanas en vez de meses. Esto solo requiere un cambio de reglamento, que puede hacer la administración sin anuencia del Congreso ni con riesgo de una decisión adversa en las cortes. Con ese cambio en la mano, quizás hasta puedan negociar con el Congreso norteamericano para la facultad de detener a familias en condiciones humanitarias por unas semanas mientras se litigan rápido sus casos de asilo (eso sí requiere anuencia del Congreso).

Pero la administración del Presidente Trump por alguna razón no ha querido arreglar el sistema de asilo —quizás porque no les parece una medida suficiente dura — y prefiere encargar al gobierno mexicano la tarea de procesar miles y miles (y quizás cientos de miles) de casos de asilo.

El gobierno mexicano tiene otras opciones. Ya está reforzando sus políticas de control fronterizo con agentes de la Policía Federal y la Guardia Nacional, y debería invertir en consolidar al Instituto Nacional de Migración. Puede emprender acciones conjuntas con EU contra los grupos de traficantes de migrantes (y dejar entrar a algunos agentes más del país vecino al territorio nacional). Puede crear protocolos de coordinación con respecto a grupos grandes de migrantes. Y podría, en el peor de los casos, expandir temporalmente el programa “Quédate en México”, que requiere que los peticionarios de asilo en EU se queden en México, a cambio de un acuerdo para que el gobierno estadounidense tramite sus casos en menos de dos meses.

Opciones hay que no implican que el gobierno mexicano se haga cargo del sistema de asilo del país vecino. Pero sólo hay opciones si México está dispuesto a enfrentarse a las demandas que hace la administración Trump y aguantar la primera ronda de aranceles, si es que no se llega a una solución negociada a tiempo. Sabremos en las próximas hora o días cómo esto se resuelve.


Presidente del Instituto de Políticas Migratorias