Coincido en el qué: primero los pobres, pero no comprendo cómo la autodenominada “Cuarta Transformación” prioriza o planea: ¿bajo qué criterios asigna recursos para construir un tren en medio de la selva, sin estudios de impacto ambiental o de costo-beneficio y por otro lado desdeña la inversión para garantizar transporte seguro en las zonas más pobladas del país?

Aunque parezca mentira, los usuarios en esta gran urbe no se quejan de la incomodidad o dificultad para viajar de pie, en unidades viejas, de la necesidad de más y mejores rutas, tampoco de la contaminación ni de las horas-persona perdidas en medio del tráfico, sino de lo que han perdido en sus trayectos: la tranquilidad, la integridad física o algún bien adquirido con el fruto de su esfuerzo.

Un día laboral cualquiera en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), implica 34.56 millones de viajes, de los cuales, 15.57 millones se realizan en transporte público con una preocupación común para 6 de cada 10 pasajeros: la inseguridad y la delincuencia.

Se trata de una percepción de inseguridad “profundamente regresiva, en el sentido que afecta a los más pobres y grupos vulnerables como las mujeres”, según advierte el estudio “La victimización en el transporte en la Ciudad de México y la zona metropolitana ”, realizado por Beatriz Magaloni, responsable del Laboratorio de Pobreza, Violencia y Gobernabilidad de la Universidad de Stanford.

El documento, dado a conocer en marzo pasado, revela la relación que existe entre la inseguridad de los trayectos y el tiempo que les lleva a las personas hacerlo: si el traslado dura más de dos horas, la “probabilidad de reportar experimentar trayectos inseguros es de 70%, la cual disminuye a 41% para quienes tienen traslados menores a 15 minutos”.

No es menor. Datos de la Encuesta de Origen-Destino en Hogares de la ZMVM, elaborada por el Inegi con los gobiernos del Estado de México, la Ciudad de México y la UNAM, arrojan que de los viajes efectuados para ir al trabajo, 36.6% duran hasta media hora; 58.1% tardan de 31 minutos hasta dos horas y, 5.3% de los casos, llevan más de dos horas.

El estudio de Magaloni, con información levantada en enero de este año, señala que en el Valle de México, el microbús pesero o combi son los medios de transporte más inseguros y también los más utilizados por casi 7 de cada 10 encuestados.

El análisis indica que el transporte por aplicaciones no es un lujo, pues se ha vuelto un medio de protección para quienes pueden pagarlo: su incremento se ha dado derivado de la victimización, entre quienes ganan entre dos y tres salarios mínimos.

Aunque el documento explora las percepciones de riesgo y victimización en los trayectos cotidianos en la Ciudad de México y la ZMVM, obviamente no calcula la “cifra negra” que resulta de aquellos incidentes no denunciados por falta de confianza en las autoridades, fenómeno que abona a la impunidad y en consecuencia a la inseguridad.

El acoso sexual a las mujeres constituye otro de los apartados relevantes: una de cada cuatro reconoció ser víctima alguna vez durante su viaje y la probabilidad para el género femenino de sufrir este delito es de 40 por ciento, mientras que para los varones es del 10 por ciento.

Si algo caracteriza al nuevo régimen, es el gusto por los simbolismos: así ganaron y así pretenden conservar el poder. La mejora integral del transporte público de nuestras grandes urbes, sería una gran bandera política, de enorme significado y un beneficio para la mayoría de los mexicanos, que esperan más que subsidios del Estado.

Maestra en Derechos Humanos y Garantías.
Diputada Federal del Estado de México

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