Gastar y ahorrar ‘a lo tarugo’

En este país son millones los mexicanos que experimentan una vejez doliente: con recursos exiguos, “arrimados” en la casa de algún pariente, en condiciones de vida que afectan su autoestima y dignidad. Para ellos, la decisión del gobierno de entregarles una pensión les cambia todo: la pensión universal es un acto de justicia y un buen destino para los ahorros que generen la austeridad y el combate a la corrupción. El problema es que a ese programa social se agregan otros proyectos sin sustento.

Es evidente que la economía que genera cancelar los privilegios de una casta dorada y el cierre de espacios a la corrupción, no es suficiente para cumplir los ambiciosos propósitos de la política social del presidente López Obrador. Contrariando las “cuentas alegres” sobre los montos de los supuestos ahorros, parece que no dan para tanto, que el margen de recursos públicos disponibles es muy estrecho, sobre todo por el brutal costo del servicio de la deuda.

Junto a las pensiones para los viejos, están los apoyos para los muchachos que no estudian ni trabajan y para quienes sufren alguna discapacidad, las cien universidades, el Tren Maya, la refinería de Dos bocas… Y, entonces, en vez de evaluar con seriedad la viabilidad financiera y técnica de los proyectos y su rentabilidad, se está cayendo en la tentación de buscar dinero donde lo haya y el resultado es la desaparición de organismos (ProMéxico, el Instituto Nacional del Emprendedor, el Consejo de Promoción Turística y otros); la eliminación de programas de gobierno, algunos ciertamente duplicados; el despido en unos casos —sin evaluar su pertinencia— y la eliminación de prestaciones a empleados públicos de distintos niveles (no solo a la alta burocracia). Pero todos estos recortes no alcanzan y, por el contrario, pueden generar un efecto perverso.

Por ahora parece que los recién llegados compiten para ver a quién se le ocurren más medidas “de ahorro” que permitan fondear los programas sociales, aunque estas signifiquen amputarle brazos al gobierno federal, cometer injusticias en el trato a servidores públicos honestos y capaces, restarle capacidades al Estado...

Entre los más recientes recortes está la reducción al presupuesto del Inegi, lo que ha llevado a cancelar catorce encuestas, instrumentos indispensables para tener diagnósticos que sustenten políticas públicas o su eventual corrección. Ya no se levantarán, entre otras, la encuesta nacional agropecuaria, la de gasto en los hogares, la de consumidores de sustancias psicotrópicas y la de calidad regulatoria e impacto gubernamental en empresas. Una decisión deplorable.

¿Cuáles serán los costos de gobernar sin disponer de un mapa de ruta y, en su lugar, guiarse por chispazos o intuiciones? Este gobierno ha puesto a la venta la flotilla de camionetas blindadas de que disponía el Estado Mayor Presidencial; venderá (ojalá y pronto, para no seguir pagando renta) el avión presidencial y también la flota aérea al servicio del titular del Ejecutivo. Pero una pregunta se impone: ¿y cuando ya no haya más que vender ni programas que recortar?

Estas líneas de acción están sembrando condiciones de alto riesgo para la gobernabilidad: ¿cómo se conducirá una colectividad agraviada en el momento en que se interrumpan o se reduzcan los apoyos porque ya no alcance para tanto? ¿Qué hará el gobierno para mantener esos programas, porque difícilmente los cancelará?

Es muy sencillo repartir la riqueza, sobre todo la ajena, lo difícil es crearla. Repartir antes de crear parece una mala apuesta; para colmo, la política del dar es el complemento ideal para la vieja cultura de estirar la mano: forma clientelas, no ciudadanía.

Y si a esto se agregan la inseguridad desbordada, las afectaciones por bloqueos de carreteras y vías férreas de la CNTE (para quien los exhortos presidenciales son como llamadas a misa), las extorsiones de autoridades de cualquier nivel, la sobre regulación que asfixia y eleva los costos de operación, la desconfianza que generan políticas públicas extravagantes y la impunidad, lo que observaremos es la desaceleración de la economía (para los próximos dos años se prevé una tasa de crecimiento menor a la mediocre que hemos tenido por más de 30 años), provocada por la caída en las inversiones (muchas del exterior buscarán mejor destino), con menores empleos, menores ingresos fiscales y toda una secuela perniciosa. Vendrá entonces en las altas esferas del gobierno la tentación de encontrar culpables (“la minoría rapaz”) y de desplegar un discurso victimista… No son buenas noticias.

Esta administración apenas empieza. Todavía tiene tiempo para rectificar.

Presidente de GCI.
@alfonsozarate