Aprendices de brujo

En primer lugar, debo señalar de manera categórica, que es inadmisible el uso faccioso de las instituciones públicas para denostar o enfrentar a cualquier adversario político.

Se trata de una práctica deleznable de los sistemas autoritarios, que lo mismo se valen de los aparatos de inteligencia del Estado para espiar a los disidentes del régimen, que de las instituciones responsables de la procuración de justicia, para fabricar delitos.

En México, el uso indebido de estas instituciones se ha extendido a las autoridades judiciales electorales, las cuales intervienen, lo mismo en la vida interna de los partidos, que en la organización de los procesos electorales; desde imponer al dirigente nacional de un partido o definir candidaturas, hasta establecer, como lo hemos visto recientemente, si se lleva a cabo el conteo rápido de resultados el día de la jornada electoral, sin contar con facultades para ello.

Este intervencionismo del Tribunal Federal Electoral cobrará notoriedad en las próximas semanas, cuando éste resuelva sobre distintas candidaturas que se han anunciado, cuyas resoluciones trascenderán al actual proceso electoral.

Son los casos de la ex ministra Olga Sánchez Cordero, a quien se le ha cuestionado su elegibilidad al señalar que no se separó del cargo que desempeñaba en la Suprema Corte tres años antes del día de la elección; aunque, como ella misma ha señalado, los artículos 95, fracciones IV y VI, y 101 de la propia constitución se lo permiten; máxime que formó parte de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. El caso de Napoleón Gómez Urrutia, a quien se le ha cuestionado que no cumple con el tiempo mínimo necesario de residencia en el país, aunque su condición de asilo otorgado por el gobierno de Canadá, le garantiza la prevalencia de sus derechos políticos en México, y el caso de Miguel Ángel Mancera, quien para salvar la limitación constitucional que le impide contender por una diputación o senaduría en la Ciudad de México, ha sido postulado en la lista nacional de candidatos a senadores del PAN, lo que de concretarse, abrirá la puerta para que, en el futuro, cualquier gobernador, apellídese Duarte, Borge o Yarrington, se postule de inmediato a cualquier cargo de representación proporcional para gozar de fuero, o más bien de impunidad.

En torno al sonado caso del aspirante del PAN a la Presidencia de la República, quien ha sido acusado por la PGR de lavado de dinero, se han dicho infinidad de cosas. Entre otras, se ha pretendido hacer un símil con el proceso que llevó al desafuero de Andrés Manuel López Obrador cuando, si bien existe una clara intervención del Ejecutivo federal, se trata de asuntos distintos.

Por un lado, el desafuero del entonces Jefe de Gobierno fue resultado de una acción concertada que involucró a los tres Poderes de la Unión, los que quisieron convertir un asunto administrativo, como fue la expropiación de un predio para construir una vialidad para dar acceso a un hospital, en un delito grave; lo cual, una vez concluido el proceso jurídico, se ha acreditado que no hubo ninguna responsabilidad ni ejercicio indebido de la función pública.

En el caso de Ricardo Anaya, la acusación que hace el Ejecutivo federal es sobre la comisión de un delito federal que debe desahogarse de manera transparente y con pleno apego a la ley, sin injerencia del Presidente ni consigna alguna al Poder Judicial. No puede permitirse una intervención facciosa desde el poder en éste ni en ningún otro caso.

La paradoja de este asunto, es que ahora quienes en el pasado inmediato desataron el uso político de las instituciones públicas contra sus adversarios, se enfrentan a los demonios que ellos mismos desataron, lo que trae a la memoria a El aprendiz de brujo, obra orquestal de Paul Dukas, basada en una historia de Goethe, que hizo popular Walt Disney en la película Fantasía, que versa sobre cómo un aprendiz de las artes de la brujería al utilizar los poderes de su maestro desata fuerzas que no puede controlar con consecuencias desastrosas. La rueda de la fortuna ha dado un giro en sentido inverso.

Senador de la República