La Policía Federal de Brasil le pidió a la Fiscalía que impute por corrupción y asociación para delinquir al exministro Paulo Bernardo da Silva, el cual integró los gabinetes de los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016), informaron hoy fuentes oficiales.
La petición fue hecha en una notificación enviada a la Fiscalía el viernes, cuando la Policía Federal concluyó una investigación sobre la supuesta participación del exministro en una red acusada de cobrar sobornos a cambio de contratos por cerca de 100 millones de reales (unos 43,5 millones de dólares) con el Ministerio de Planificación entre 2010 y 2015.
Se analizará la solicitud que presenta la Policóa Federal  por la Fiscalía y en caso de proceder, se solicitará a la Justicia que abra el respectivo juicio.
Silva fue ministro de Planificación en el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y también ocupó la cartera de Comunicaciones durante la gestión de Dilma Rousseff, sustituida desde el pasado 12 de mayo por su entonces vicepresidente, Michel Temer, mientras el Senado la somete a un juicio político destituyente previsto para concluir en agosto próximo.
El exministro, un importante correligionario de Lula y Rousseff en el Partido de los Trabajadores (PT), fue arrestado el 23 de junio pasado en el marco de la misma investigación, pero fue beneficiado pocos días después la libertad condicional.
La Policía solicitó entonces la detención para impedir que el acusado interviniera en la investigación.
Silva es el principal acusado en una investigación sobre millonarios fraudes con contratos de créditos que la banca estatal ofrece a los empleados y jubilados del sector público, que también salpica a otros dirigentes del PT.
Parte de la tasa de mediación cobrada por los bancos por los créditos fue depositado en cuentas del abogado Guilherme Gonçalves, quien, según la Policía Federal, utilizó los recursos para pagar gastos personales y de campaña del exministro.
Silva está casado con la senadora del PT Gleisi Hoffmann, quien también fue ministra en el Gobierno de Rousseff y es una de las más activas figuras de la defensa en el juicio político al que responde la mandataria.
Tanto Silva como su esposa fueron denunciados en marzo pasado como supuestos beneficiarios de la red de corrupción que operó en la petrolera estatal Petrobras, pero la Justicia todavía no se ha pronunciado sobre ese asunto.

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