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En la averiguación previa que se sigue contra el ex dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y ex subsecretario de Prevención de Gobernación, Arturo Escobar y Vega, se actuó sin fobias ni filias y con absoluta autonomía, dijo el fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo.

En entrevista con reporteros, el titular de Fepade agregó que en todos los casos e indagatorias que se integran por dicha fiscalía se respetan los derechos humanos de ofendidos, víctimas e imputados, por lo que rechazó el señalamiento de que se esté vulnerando la presunción de inocencia en el caso de Escobar o en cualquier otra indagatoria a su cargo.

De acuerdo con la investigación, Escobar cometió un delito electoral al violar el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el cual sanciona con penas de entre cinco y 15 años de prisión a quien realice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de candidatos o partidos políticos, pese a la existencia de normas que prohíben dichas aportaciones.

La Fepade consideró que dicha violación a la ley se dio por la entrega de más de 10 mil tarjetas Premia Platino a electores, incluyendo a personas que no eran simpatizantes ni afiliados al Partido Verde.

Agregó que la Fepade seguirá trabajando en todas las indagatorias en contra de dirigentes de partidos políticos, hasta determinar si se acredita o no la comisión de algún acto ilícito, así como como la probable responsabilidad de alguno de los implicados.

“Seguimos integrando las averiguaciones previas y en el momento en el que consideramos que se acredite el cuerpo del delito o la probable responsabilidad, actuando como tengo instrucción por parte de la Procuradora General de la República, de forma autónoma, en ejercicio de mis competencias y con absoluta imparcialidad, sin fobias ni filias” advirtió.

Agregó que en el caso específico de Arturo Escobar, el Ministerio Público Federal encargado de la averiguación previa, consideró que se habían acreditado ambos elementos, por lo que se resolvió consignar el expediente de la acusación ante un juez federal para que este defina si procede acción penal.

Por último, dijo que será respetuoso de la resolución que dicte el juez de la causa, ya que ambas partes, tanto la PGR como el impartidor de justicia, están actuando conforme a derecho.

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