El Tribunal Electoral es la última instancia para la solución de controversias en el ámbito comicial en nuestro país. Se integra por una Sala Superior, cinco Salas Regionales (una por cada circunscripción) y una Sala Especializada. Se trata de una institución de impartición de justicia especializada en la materia cuyas resoluciones son definitivas e inatacables, en los términos del artículo 99 de la Constitución.
En cuanto órgano de impartición de justicia, su competencia, en principio, se activa a partir de los medios de impugnación que se presentan en contra de los actos de las autoridades comiciales, de los partidos políticos, o de otros entes públicos que afecten los derechos político-electorales. Sin embargo, el propio precepto constitucional mencionado establece una excepción: la Sala Superior es el órgano responsable de realizar el cómputo final de la elección presidencial, luego de que se hayan resuelto todas las impugnaciones respectivas, así como de formular, en su caso, la declaración de validez de dicha elección y la de Presidente Electo en favor de la candidatura que haya obtenido más votos.
Esta es una facultad materialmente administrativa y no jurisdiccional de la Sala Superior que no depende, en consecuencia, de que medie impugnación alguna.
Dicha Sala se integra (o al menos debería), así lo dispone también la Constitución, por siete magistrados(as) y, para poder hacer la declaración de validez, o en su caso de nulidad, de la elección presidencial, según el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), debe sesionar con la presencia de por lo menos seis de sus integrantes.
Lo anterior representa de entrada un problema, pues, en virtud de la indolencia o —más bien— dolo de la mayoría morenista en el Senado de la República que no ha permitido el nombramiento de dos de las magistraturas que quedaron vacantes desde el 1° de noviembre de 2023, desde hace meses —a pesar de que nos encontramos en pleno proceso electoral—, la Sala Superior opera con sólo cinco de sus miembros.
Es cierto que el propio artículo mencionado de la LOPJF da una solución al señalar que: “La ausencia temporal de un magistrado o magistrada electoral, que no exceda de treinta días, será cubierta por el magistrado o magistrada de Sala Regional con mayor antigüedad, o, en su caso, de mayor edad”, lo que en principio implicaría que, en agosto próximo, cuando tenga que realizarse la calificación de la elección del o de la titular del Poder Ejecutivo, se llamaría a la magistrada regional decana (se trata de una mujer) para integrar legalmente la Sala Superior y cumplir esa función.
En principio, parecería que dicho artículo pone a salvo la legalidad de la elección presidencial, sin embargo, se abren varias dudas que podrían hacer peligrar la legitimidad de la misma.
En primer lugar, ¿es válido interpretar que estamos frente a una ausencia temporal menor a 30 días, cuando la falta de nombramientos lleva meses pendiente? En segundo lugar, ¿el ejercicio del cargo en la Sala Superior por esa magistrada regional tendría que ser sólo para calificar la elección presidencial o también para resolver todas las impugnaciones que se presenten en relación con la misma? Y, si es así, ¿también resolvería de manera simultánea las impugnaciones que le corresponden a la Sala Regional a la que pertenece?
Es cierto que ayuda el antecedente de que, por la misma negligencia, las Salas Regionales y la Especializada operan desde hace más de dos años con solo dos de sus tres integrantes debidamente nombrados y el tercero es un(a) “magistrado(a) por ministerio de ley”.
Sin embargo, se trata de interrogantes no menores que más vale zanjar desde antes, porque, de otro modo, abren la puerta para que los “malos jugadores” que históricamente han demostrado (y lo siguen haciendo) una precaria lealtad democrática, puedan desconocer los resultados de las elecciones si no les favorecen o no son los que esperan.
En ese sentido, es preocupante la recurrencia con la que tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum han venido hablando de fraude; no vaya a ser que estén preparando el terreno para “patear la mesa” si los resultados no les satisfacen. Por eso, desde ahora hay que recordar que esa irregularidad —que podría resolverse haciendo ya los nombramientos faltantes— es sólo y exclusivamente de Morena.
Investigador del IIJ-UNAM