No conocemos todavía el texto de la reforma en materia de pensiones que enviará el Presidente al Congreso, y ya la narrativa con la que fue anunciada generó una gran polémica. El Presidente reprobó al sistema actual de pensiones del sector formal de la economía, el de los trabajadores que cuentan con seguridad social del IMSS, y que consiste en ahorrar durante la vida laboral en las cuentas individuales manejadas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). Lo reprobó, pero él mismo lo reformó en 2021 para mejorar sus resultados (y sí han ido mejorando).
López Obrador opina que la tasa de reemplazo es baja; en otras palabras, considera que los trabajadores, en promedio, se van a jubilar con una pensión que representará una proporción “muy baja” de su salario actual. Para “arreglar” el problema, su reforma, según adelanta, va a elevar esa proporción a 100% del salario. ¿Es posible? En la actualidad no existe una economía que haya conseguido financiar de manera sostenible un sistema de pensiones con ese nivel de beneficio. Ni los más ricos del mundo.
No tengo duda de que la mejor reforma que esta administración ha impulsado es justo la reforma al sistema de pensiones de las Afores. Entre sus principales propósitos estaba elevar la proporción del salario con la que los trabajadores se jubilarán. Antes de la reforma de 2021, la tasa de reemplazo o proporción del salario (para quienes tenían una pensión de jubilación con un ingreso igual al promedio de la distribución salarial) era de apenas 27.7%, la más baja entre los países miembros de la OCDE. Ahora esta tasa se calcula en 62%. El incremento no sólo fue notorio; también colocó a México por encima del promedio de los países desarrollados, los de la OCDE. Nada mal.
La reforma de 2021 tuvo otros resultados: las tasas de reemplazo aumentaron considerablemente para todos los niveles de ingreso, y el incremento en puntos porcentuales de esta tasa es ahora mayor para trabajadores con ingresos de hasta 5 UMA –o una cifra cercana a los 15 mil pesos mensuales– que para trabajadores con ingresos más altos. Esto se debe a que se facilitó la obtención de una pensión mínima garantizada en favor de los trabajadores con niveles de ingresos más bajos, y para todos los trabajadores disminuyó el número mínimo de semanas de cotización al IMSS que dan acceso al derecho a una pensión. Antes de la reforma, únicamente un 25% de los trabajadores iban a alcanzar una pensión. Con estas acciones se logró incrementar la cobertura de población con acceso a pensión formal, así como el monto de la jubilación. Para ello fue necesario aumentar las contribuciones totales a las cuentas individuales de los trabajadores y, no lo olvidemos, reducir los cobros por comisiones que realizan las Afores.
Esa reforma se hizo en el sentido correcto, pero más de la mitad de la población aún no cuenta con esos beneficios. Por ello, lo que realmente debería hacerse es ampliar el número de personas que tienen acceso a la seguridad social, o sea, a una pensión basada en un sistema sostenible y con garantía de fondeo. Hay que subrayarlo: no sólo el Gobierno está obligado a aportar a la pensión de los asegurados; también lo están los trabajadores mismos. Si lo vemos de esa forma, la Pensión del Bienestar para los adultos mayores es en realidad ‘el peor es nada’ para las personas que no accedieron al sistema de las Afores. La pensión no sólo es baja (y no todos los trabajadores del sector informal la reciben), sino que, además, como programa tiene problemas de diseño, porque no garantiza un financiamiento sostenible. Cuando se introdujo en la ley el derecho a recibirla, no se incluyó la obligación por parte del Gobierno (ni por parte de los que recibirán la pensión) de aportarle fondos. No se regularon sus fuentes de financiamiento; es decir, hoy, en la práctica, no está garantizada. Ahí está el verdadero reto.
