Texto: Alejandra Crail
Fotografías: Gabriel Pano, Berenice Fregoso y Germán Martínez

| Publicado el 19 de septiembre de 2023 |

En el número 611 de la calle Pestalozzi, en la colonia Narvarte Poniente, hay una barda de metal que cubre un terreno baldío. Donde hoy crecen árboles y maleza, antes del 19 de septiembre de 2017, habitaban 36 familias en un edificio que tenía nueve niveles. Declarado como inmueble de “riesgo alto”, fue uno de los que el gobierno de la Ciudad de México incluyó entre sus promesas de reconstrucción.

Pero han pasado seis años y la promesa está inconclusa. Dos propietarias, Ana Luisa Landavazo y Rebeca Villa, murieron sin ver siquiera la primera piedra de su nuevo hogar; la mayoría de los propietarios tienen más de 70 años. Por si fuera poco, el gobierno tiene una deuda calculada en 2.2 millones de pesos para con la empresa que realizó el proyecto ejecutivo, lo que ha agregado una vulneración a los damnificados: tienen riesgo de ser demandados, confirmó el constructor.

Corporación de ingenieros y proyectistas, S.A. de C.V. tenía un tiempo de trabajo contratado por cinco meses. Sin embargo, Rafael González, socio de la empresa, asegura que las múltiples solicitudes de cambios y revisiones al proyecto por parte de la Comisión para la Reconstrucción, encabezada actualmente por Jabnely Maldonado, terminaron alargando el trabajo hasta por tres años.

“No sabemos si las revisiones eran para no pagar o para detener el proyecto. Los costos se incrementaron, todo se acreditó y reconoció, pero la Comisión no quiere pagar lo que nos adeuda”, explica González. Ante el adeudo, la empresa prepara una demanda contra la administradora condómina y el resto de los habitantes, pues el contrato se firmó con ellos, la Comisión sólo aparece como testigo, sin responsabilidad de cumplir lo que prometió a ambas partes.

“Al principio habíamos perdido nuestro patrimonio, pero ahora estamos peor. No sólo seguimos sin tener nada, ahora vamos a tener una demanda por parte de la empresa proyectista”, cuenta Rosa Martínez, administradora y habitante del inmueble.

El edificio de Pestalozzi 611 es uno de los que, al no haber iniciado obra a tiempo, pasó a manos del INVI. Los habitantes se dicen en incertidumbre por la poca claridad que les ha brindado el gobierno.
Foto: Gabriel Pano

La falta de pago a empresas que realizaron trabajos para el Plan Integral para la Reconstrucción es una constante. Para esta investigación se analizó la bitácora de pagos registrados en el Fideicomiso para la Reconstrucción, el mecanismo que alberga los recursos destinados a este fin, que fue obtenida vía transparencia.

Los datos muestran que el gobierno de la Ciudad de México le adeuda a, al menos, 273 empresas que realizaron proyectos ejecutivos, estudios de mecánica de suelo, cimentación, rehabilitación y obras de reconstrucción en viviendas unifamiliares y multifamiliares afectadas en el sismo de 2017. Estos adeudos corresponden a obras ya terminadas, incluso entregadas a las familias damnificadas.

Como respuesta a una solicitud de entrevista, la Comisión para la Reconstrucción sólo reconoció adeudos a 52 empresas a través de una nota informativa. Ellos afirman que para finiquitar una obra 100% terminada la empresa supervisora debe avalar el avance y es necesaria un acta entrega-recepción.

“A esta Comisión únicamente ha ingresado como solicitud de pago por parte de las empresas que participan en el Programa de Reconstrucción, del 1º de septiembre de 2023 a la fecha, solicitudes de pago para 24 empresas que trabajaron en 132 viviendas unifamiliares por un monto equivalente a $5,552,627.03, y para 28 empresas que trabajaron en 32 inmuebles multifamiliares, por un monto equivalente a $22,027,353.46. Dichas solicitudes serán finiquitadas en próximos días con recursos provenientes del FONADEN que se encuentran en trámite de liberación”. Para conocer más detalles de la respuesta de la Comisión da clic aquí



Obras a medias

La bitácora de pagos del Fideicomiso se contrastó con el estatus de cada vivienda, disponible en la página web de la Comisión, que indica si, al 31 de agosto de este año, la vivienda fue terminada, está en proceso de obra o aún no inicia. A partir de ese análisis se detectaron 34 multifamiliares "en proceso de obra" cuyos avances han sido lentos, pues según la misma información oficial, la Comisión dejó de gestionar los pagos a las empresas que trabajaban en sus rehabilitaciones y reconstrucciones. En la mayoría, los pagos no se han reactivado desde 2022, en otras desde 2021.

A la reconstrucción del edificio de Nicolás San Juan 304, por ejemplo, el gobierno de la CDMX dejó de inyectarle dinero desde marzo de 2022. Aunque hay una nueva empresa constructora laborando en el terreno, no hay pagos registrados oficialmente a ella, al menos hasta agosto de 2023.

No es el único inmueble en esta situación. El panorama se ha vuelto cotidiano: construcciones semiabandonadas, pocos trabajadores avanzando a paso lento y avances mínimos después de años de haber arrancado obra. Con el abandono financiero por parte de la Comisión, las obras se paralizan.



Una nueva empresa trabaja en Nicolás San Juan 304. La obra se reactivó recientemente, después de estar inactiva durante meses.
Foto: Berenice Fregoso.

La Comisión —que antes fue dirigida por César Cravioto, actual senador, y por Edgar Tungüí, vinculado a proceso por uso ilegal de atribuciones y facultades en la reconstrucción— tiene la función de coordinar y ejecutar el Plan Integral para la Reconstrucción, según establece la Ley para la reconstrucción integral de la Ciudad de México. Es la encargada de pedir los recursos para atender las necesidades de las obras y, a través de oficios, solicita que el Fideicomiso realice los pagos a las empresas que participan en el programa. Es la Comisión quien define cómo, cuándo y por cuál mecanismo se realizarán los pagos.

En entrevistas con los propietarios de 13 empresas que trabajaron en obras diversas de la reconstrucción se acreditaron adeudos que van de los 100 mil pesos hasta los 12 millones de pesos por cada caso. El cese de los recursos, advierten, ha sido lo que ha impedido terminar las obras.

El ingeniero Iván Lira trabajó durante un año en la rehabilitación del edificio de Mexicali 45, en la colonia Hipódromo Condesa. Construcciones Emycon, S.A. de C.V. es una pequeña empresa familiar que obtuvo en 2020 su primer contrato con el gobierno, regularmente trabajaba con la iniciativa privada. De inicio, Lira expresó a los funcionarios de gobierno que el proyecto ejecutivo era incorrecto, pues no tenía las medidas reales del inmueble, por lo que el costo proyectado, valuado en 5.6 millones de pesos, iba a resultar insuficiente para rehabilitar el edificio de nueve pisos. Lo advirtió al personal de la Comisión y ésta le señaló que al final de la rehabilitación actualizarían los costos y se le pagarían.

Pero avanzó el tiempo y Lira tuvo que invertir recursos propios para llegar al 80% de avance. No fluían los pagos por trabajos ya realizados y pidió que éstos se cubrieran para continuar trabajando. “Nos pidieron concluir sin pago, nos prometían que nos darían más obras para solventar los adeudos, pero nos negamos. Hemos acreditado que nos deben 2.1 millones por obra ejecutada y, en lugar de pagar, nos demandaron penalmente”, cuenta en entrevista. La demanda fue por robo y abuso de confianza, pero a más de un año, la Comisión no ha ofrecido pruebas de su acusación, mientras que el constructor acreditó que la deudora era la dependencia del gobierno, explicó Lira. Ahora, preparan la contrademanda.

La obra en el multifamiliar de Mexicali 45 se estancó. A la empresa de Lira le rescindieron el contrato y le entregaron el inmueble a una segunda compañía a la que, según la bitácora de pago, tampoco le finiquitaron los pagos. Hay una tercera empresa que desde hace un año espera que se le entregue el contrato y, al menos, un anticipo. Pero nada. Los registros muestran que la última vez que el gobierno de la Ciudad de México dio dinero para avanzar en la rehabilitación de este inmueble fue en abril de 2022.


Tres empresas han tenido bajo su cargo la rehabilitación de Mexicali 45, pese a los años, la obra no se ha consolidado.
Foto: Berenice Fregoso.

Un mismo modus operandi

El mecanismo funciona así: el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Comisión para la Reconstrucción, contrata a empresas para las obras, pero sólo firma los contratos como testigo; promueve un acuerdo entre empresa-damnificados. A la empresa le pide aportar sus recursos ante los retrasos en los pagos, siempre con la promesa de pagarles lo más pronto posible. La empresa, regularmente pequeña o mediana, asume los gastos hasta que le resulta inviable. Piden préstamos para pagar sus nóminas, reducen el personal en las obras y, finalmente, paran los trabajos ante la falta de dinero. En tanto, las viviendas prometidas a las personas damnificadas se quedan volando.

“Es un esquema criminal”, dice el ingeniero Edgar Juárez, propietario de la primera empresa que trabajó en el multifamiliar de Coquimbo 911, en Lindavista. A él, el gobierno de la CDMX le adeuda seis millones de pesos por trabajos ejecutados, validados en tres estimaciones firmadas, y otros seis por material adquirido que no le reconocen: un total de 12 millones en pérdidas. Su empresa Constructores y consultores asociados, S.A. de C.V. se fue a la quiebra.

Juárez cuenta que la reconstrucción se vio afectada por el retraso en los pagos, que llegaron a suspenderse hasta por siete meses, según está asentado en la bitácora. Al igual que otros constructores puso de sus propios recursos para avanzar hasta que fue inviable.

“Tuve que cambiar de casa, cambiar de escuela a mis hijos, vender pertenencias, empeñar otras y buscar trabajo después de 26 años como empresario, no me avergüenza pero pues imagínense las implicaciones que esto ha tenido”, cuenta en entrevista.

Ante la falta de pago, su alternativa fue demandar. Por las características del contrato, la demanda es en contra de los damnificados, no contra el gobierno de la Ciudad de México. “No fue mala fé, no nos quedó de otra. Técnicamente nos es imposible demandar al gobierno”. La última comunicación que tuvieron fue la invitación a una negociación, aún mantienen la esperanza de que el gobierno local cubra sus adeudos.


Juárez es uno de los contratistas que ha optado por demandar. Muestra un documento firmado por autoridades de la Comisión de la Reconstrucción donde le reconocen la mitad de un adeudo que calcula en 6 MDP.
Foto: Germán Martínez.

Sin dinero, sin viviendas

El Fideicomiso respondió a una solicitud de transparencia para este reportaje que entre 2019 y agosto de este año ha tenido ingresos por 9 mil 040 millones de pesos. Según la información que tenía pública hasta hace unas semanas la Comisión, al Fideicomiso le quedaban 242.9 millones de pesos con corte a julio.

En otra respuesta pública de la Plataforma Nacional de Transparencia, el Fideicomiso aseguró que la reconstrucción tenía presupuestados 12 mil millones de pesos. Se consultó con la Secretaría de Finanzas por qué no han ingresado los 3 mil millones que se presupuestaron para cumplir el compromiso de la reconstrucción, pero al cierre de edición no dio respuesta.

Actualmente, la responsabilidad del programa la comparten la Comisión y el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, sin claridad del dinero disponible para cumplir con la promesa. Al tiempo, el gobierno todavía debe 6 mil 940 viviendas, según la información pública.

Aldo Pérez, socio de Canica 4.0, fue uno de los empresarios que en marzo pasado reclamó públicamente la falta de pagos del gobierno que entonces encabezaba todavía Claudia Sheinbaum. Para ese entonces le debían tres millones de pesos por la supervisión de viviendas unifamiliares. Al tiempo en que la entrevista se lleva a cabo, reconoce que la presión mediática tuvo impacto y le pagaron la mayoría de lo adeudado. Pero decenas de sus colegas aún están a la espera de que el gobierno les pague. “No somos grandes empresas, somos micro y pequeñas, muchas somos empresas familiares. Esto nos deja un impacto fuerte”, detalla.

Se solicitó un posicionamiento de la Jefatura de Gobierno que quedó en manos de Martí Batres y lo único que mencionaron es que “se han tenido mesas de trabajo con ellos”, en relación a los empresarios afectados por las faltas de pago. Batres aseguró recientemente que cumpliría al 100% con la promesa de Reconstrucción que hizo Sheinbaum al inicio de su mandato.

Entre las deudas del gobierno por obras ya terminadas y la falta de flujo de recursos que permita continuar las obras, están miles de familias que al día de hoy no han recuperado su vivienda, que siguen cubriendo rentas que no alcanzan con el apoyo de 4 mil pesos que les otorga el gobierno y que están envueltos en la incertidumbre de un Fideicomiso que ha agotado sus recursos.

“Cravioto, Jabnely. Todos nos dijeron ‘no se preocupen, el dinero está seguro en el Fideicomiso, tranquilos que su dinero está ahí’. Ahora nos dicen que ya no hay dinero en ese Fideicomiso para iniciar nuestra obra. Seis años después seguimos sin hogar”, dice Rosa Martínez, parada en la entrada de un terreno baldío en el número 611 de la calle Pestalozzi, donde solía haber un edificio habitado por 36 familias.



HISTORIAS

Pangea
“Me gustaría que el gobierno pensara que no somos un número..."
Demanda Honduras
"Hay muchos años de trabajo detrás de poder obtener un patrimonio..."
Arrecife Mesoaméricano
“Yo no sé si están esperando a que nos muramos todos para construir o qué va a pasar..."


Historia 1

“Me gustaría que el gobierno pensara que no somos un número. Aquí había 36 hogares, 36 historias de vidas diferentes, todas muy dignas. Así, con dignidad, seguimos esperando volver a este que era nuestro hogar”.

Con mucho sacrificio, Rosa Martínez junto a su esposo, adquirió en 1991 un departamento. Sacaron dos créditos inmobiliarios para costearlo. Ahí, en el año 96, nació su hija Regina. Los muros de su departamento la vieron crecer. Antes de que demolieran su edificio, escribió en los muros: “volveremos”.


Historia 2

“Tengo 69 años y empecé a trabajar desde los 16 años para sacar adelante a mis hijas y para poder tener una vivienda. Hay muchos años de trabajo detrás de poder obtener un patrimonio”.

Lidia López firmó la escritura del departamento 603 de Pestalozzi 611 en marzo de 2017. Tardó tres meses en remodelarlo hasta convertirlo en la casa de sus sueños, donde pasaría el resto de su vida. Llegó a habitarlo 15 días antes de su cumpleaños, que es el 4 de julio. Su edificio fue demolido después del terremoto de 2017.

Historia 2

“Yo no sé si están esperando a que nos muramos todos para construir o qué va a pasar. Nos dijeron que teníamos nuestro presupuesto a salvo, ¿qué pasó con el dinero? No sabemos?”

Laura Mora habitaba el departamento 204 desde hacía una década. Compró en 2008 con la idea de envejecer junto a su esposo en la vivienda que tenía un balcón con vista a un enorme árbol de la calle Pestalozzi. Estaban por terminar de pagar su hipoteca cuando el terremoto la sacó de su hogar. Ha vivido en dos departamentos rentados desde entonces, huyendo de los aumentos de las rentas.



Valle de Juarez